Estadísticas de indigencia y pobreza en Uruguay ¿Cómo se calculan las cifras?

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No se trata solamente de saber cuántos son los pobres e indigentes. Las estimaciones respecto al “núcleo más vulnerable” varían según las fuentes, aunque ninguna baja de las 300 mil personas.

 

Son las caras visibles del masivo desempleo juvenil. Fugadas de la precariedad salarial. Moradoras de la segregación habitacional. Expulsadas de un “sistema educativo” fallido. Crecidas en insoportables miserias familiares. Víctimas de la anclada “pobreza estructural”. Es decir: la consecuencia inocultable, según Karl Marx, de la pobreza producida artificialmente en virtud de las relaciones modernas de explotación.

Claro, las estadísticas se detienen en la “línea de pobreza”. De ahí que el número sea menos escandaloso, comparado con otros países de la región. Las mediciones del gobierno del Frente Amplio, validan el criterio de “solvencia monetaria” impuesto por los organismos internacionales, con el Banco Mundial a la cabeza. Y entonces la pobreza “no ha dejado de disminuir”. La estafa es evidente. Una persona que tiene un ingreso mensual de $ 13.019 (U$S 400 ) ya no sería pobre; y una persona que tiene un ingreso mensual de $ 3.264 (U$S 110) ya no sería indigente.

Obviamente, las estadísticas sobre la miseria social, no incluyen la categoría de trabajadores/as pobres. Porque entonces la población en condición de pobreza aumentaría. Alcanza con saber que el 40% de los/as asalariados/as “formales” (550 mil), reciben una remuneración mensual menor a un salario mínimo y medio, $ 20.000 (U$S 700).

La sección del Instituto Nacional de Estadística que velaba por la calidad del índice de pobreza no funciona hace un año. Sin boletos ni teléfonos pagos, y expuestos a mordeduras, los encuestadores alertan que los resultados podrían fallar. Las autoridades insisten: la precisión está intacta.

Fuente: Redacción de Correspondencia de Prensa


Demandas de los y las trabajadores del Instituto Nacional de Estadística

Por Camila Bello*

En el sindicato del INE consideran que las condiciones laborales “deberían estar en el centro de la discusión” vinculada a la calidad de los datos. Consultados por El País, los dirigentes reconocieron que fueron a la Comisión de Legislación Laboral de Diputados porque los problemas que afectan el instituto se resuelven “con más presupuesto y voluntad de negociación”. El gremio mantuvo reuniones con la dirección del instituto, pero terminó recurriendo a principios de mes a la Dirección General del Trabajo (Dinatra) al no conseguir los cambios que reclamaba.

Una de sus principales reivindicaciones tiene que ver con que deben sacar de su sueldo el dinero para trasladarse por trabajo. Según cifras del sindicato, un cuarto de su salario es utilizado para pagar los boletos. Uno de los dirigentes, Nicolás Sánchez, explicó que los encuestadores tienen que ir “varias veces” a los hogares para encontrar a los encuestados, por lo que un solo cuestionario puede insumir hasta ocho boletos de ómnibus. “Para declarar una encuesta desierta tenemos que ir cuatro veces y una de esas veces tiene que ser en fin de semana. Imaginate eso en zonas rurales de Montevideo como Punta Espinillo, o en el interior rural. Son miles de pesos al mes para trabajar”, agregó.

El INE tampoco paga la cuenta de celular de los trabajadores de campo, que de forma constante deben comunicarse con los hogares o con el instituto si tienen algún problema. En 2011 les entregaron unos dispositivos móviles que servían para llamarse entre ellos, pero se rompieron al poco tiempo y no fueron repuestos. Al no tener líneas telefónicas institucionales, los funcionarios terminan dejando una carta con su número personal cuando no encuentran a un encuestado. Sánchez comentó que hubo compañeras suyas que fueron acosadas por teléfono por este motivo.

También hay reclamos salariales. Si bien la mayoría de los empleados del INE están presupuestados, los encuestadores cobran a destajo: su ingreso depende de cuántos cuestionarios hagan por mes. Esta forma de pago determina que los trabajadores de campo del interior, que se desempeñan en zonas rurales y por ende realizan pocas encuestas, cobren poco. El instituto paga $ 408 por cada formulario elaborado en áreas urbanas, mientras que en el ámbito rural cobran $ 612. El salario supeditado a la productividad, según el sindicato, genera inequidades entre los funcionarios, ya que no todos acceden a los mismos beneficios. Las garantías de alquiler a través de la Contaduría General de la Nación (CGN), por ejemplo, no están disponibles para todos, ya que muchos de los encuestadores no logran un ingreso suficiente a partir de los cuestionarios que les encomienda el INE.

La dirección del instituto explicó que el pago a destajo tiene que ver “con la naturaleza del trabajo” de los encuestadores. Las autoridades aseguraron que “la asociación de destajo y precariedad no es correcta”, sobre todo porque hace 10 años los trabajadores de campo tenían contratos eventuales de pocos meses de duración. Los expertos consideraron que todos los funcionarios del INE “gozan de los mismos derechos” que los demás empleados públicos.

El gremio reivindica que hay trabajadores sobrecargados, ya que algunas vacantes que se generaron a partir de jubilaciones o renuncias no fueron cubiertas. Al respecto, los técnicos del INE argumentaron que estas situaciones se dan “debido a procesos administrativos propios del Estado”, por lo que “no es posible” reemplazarlas de inmediato. “El instituto está tratando de cubrirlas en la medida de lo posible, siempre en el marco de la reglamentación vigente, con las limitaciones que esto implica”, respondieron.

Los robos, los perros y los accidentes de tránsito también preocupan al sindicato. A su vez, no cuentan con la indumentaria necesaria para las jornadas frías de invierno o de lluvia. Recién en 2011 se incorporó un seguro que les paga US$ 7 por día a los trabajadores cuando están certificados ya que al no realizar cuestionarios, no tienen ingresos. Esa póliza incluye una cláusula que les da US$ 10 mil a la familia si el funcionario muere durante un accidente de trabajo. La directora del INE dijo en el Parlamento que harán un “esfuerzo presupuestal” y empezarán a otorgar un seguro contra todo riesgo en los próximos meses.

El gremio está convencido de que la “precariedad laboral” genera impacto en los datos que se publican. No obstante, el dirigente Sánchez sostuvo que la calidad de la información no debería ser puesta en duda porque los trabajadores “asumen la carga” y se sobre exigen para que no se note. Pero ese estrés al que están expuestos, sumado a “los sueldos sumergidos”, terminará pasando factura en algún momento, vaticinó.

“Esto es así: uno hace lo mejor que puede con lo que tiene. No es lo mismo tener un chalequito y un morral, como tenemos ahora, a tener los implementos que necesitamos: una campera abrigada, un espantador de perros, los boletos pagos…”, concluyó. “Hacemos lo que podemos”.

*El país

 Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/